Veracruz, Ver.- Rafael Echevarría tenía un empleo estable en una fábrica, una vivienda modesta y suficiente dinero para llevar ocasionalmente a su familia a comer a un restaurante de McDonald’s.
Llevaba una buena vida hasta que la guerra de las drogas estalló en Ciudad Juárez. A eso se sumaron dos robos en los que los ladrones ingresaron a su casa, un grupo de extorsionadores lanzó una amenaza a la escuela donde estudiaba su hija y quienes al final atacaron a disparos el autobús de la institución. Cuando comenzaron los disparos, Valeria, de 6 años, se lanzó al piso, rompiéndose un diente. Le salió tanta sangre de la boca que sus padres pensaron que la niña había recibido un tiro. Al día siguiente, Echevarría, su esposa y sus dos hijos abordaron un vuelo de regreso al sureño Veracruz, su estado natal. Algo similar han hecho otras mil 600 personas que alguna vez emigraron al norte en busca de empleo en las “maquiladoras” (plantas extranjeras de ensamblaje) y que luego regresaron al sur en busca de seguridad.
El Gobierno del Estado de Veracruz pagó los vuelos y garantizó a los refugiados de la guerra del narcotráfico que tendrían empleos, educación y vivienda.
En aquel momento, los Echevarría pensaron que aquélla era la única solución, pero la violencia los siguió hasta Veracruz.
Sin la ayuda prometida
Las ofensivas militares contra los cárteles de las drogas y las disputas entre las distintas organizaciones criminales han llevado la guerra a zonas otrora tranquilas. Un año después de su huida, los Echevarría no sólo se vieron atrapados de nuevo en una oleada de violencia, sino que siguen sin recibir la ayuda prometida.
En Ciudad Juárez, los Echevarría tenían una casa y una camioneta. En Veracruz han debido empeñar sus aparatos electrónicos y mudarse a una humilde casa de concreto para pagar sus gastos. El sacrificio de la solvencia para tener seguridad resultó infructuoso.
“Si no hubiera pasado nada, nosotros estuviéramos viviendo muy bien”, dijo Echevarría. “Ahorita estamos en la pobreza... Estamos en un hoyo. Muy difícil que salgamos de ahí”.
La familia figura entre los miles de mexicanos que forman la diáspora de la violencia del narcotráfico, que parece extenderse y desplazarse en vez de cesar, mientras más de 45 mil efectivos combaten a los cárteles y varios recuentos apuntan a una cifra de más de 40 mil muertos.
Sondeos recientes de la firma Parametría encontraron que 1,6 millones de mexicanos se han mudado por la violencia de las drogas desde 2006. Un estudio del Centro de Observación de Desplazados Internos, con sede en Ginebra, calculó el número en 230 mil en 2010 y estimó que la mitad de esa cifra huyó a Estados Unidos.
Otro estudio, del demógrafo Rodolfo Rubio en el Colegio de la Frontera Norte, señala que 200 mil personas han emigrado de Ciudad Juárez a otras ciudades estadounidenses entre 2007 y 2010.
Sin dinero para huir
Muchos de los afectados son trabajadores o pobres que no pueden salir del país.
“Para irse a Estados Unidos, los que tienen un estatus, pequeños, medianos empresarios, ellos no tienen problema”, explicó Genoveva Roldán, experta en migración en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. “No es el caso de los trabajadores, de los que estaban en las maquiladoras. Ellos no tienen esas opciones.”
Veracruz es un húmedo estado costero tropical, pero también cuenta con zonas montañosas. En su suelo se cultiva lo mismo el café que la caña de azúcar. Se le conoce por la belleza de sus paisajes, sus cultivos ricos y su concurrido puerto homónimo, uno de los más grandes de México.
Sin embargo, fue la falta de oportunidades en la zona lo que llevó a miles de veracruzanos al norte desde la década de 1990, cuando las maquiladoras comenzaron a reclutar a obreros de ensamblaje con salarios y prestaciones superiores a los que se ofrecen en promedio en el resto de México.
Echevarría había crecido en la pobreza y abandonó la escuela antes de los 15 años, para ayudar a su padre con el sustento de la familia. Se unió a la Armada mexicana durante un tiempo y luego fue taxista, pero ello no bastó para solventar las cuentas.
En 2004, Echevarría y su esposa Alejandra Durán decidieron mudarse a Ciudad Juárez, confiando en que podrían dar una mejor vida a sus dos hijos más pequeños.
Ahí, Echevarría y su hijo Cristian encontraron empleos en las maquiladoras, fábricas que exportan sus manufacturas principalmente a Estados Unidos. Cristian fue ascendido a inspector de control de calidad en una fábrica de cartuchos de tinta para impresoras.
Juntos, los dos ganaban unos 14 mil pesos (mil 30 dólares) al mes, casi el triple del salario mínimo promedio en México.
Compraron una casa de tres habitaciones al sureste de la ciudad y se hicieron de una camioneta. “Juárez es una tierra que ayuda a la gente”, dijo Durán.
Aumentan los muertos
Para 2008, la guerra del narcotráfico había acabado con la paz. Dos cárteles rivales, el de Juárez y el de Sinaloa, comenzaron a pelear por el control del lucrativo corredor para llevar estupefacientes a Estados Unidos. El índice anual de homicidios se incrementó casi al doble, de mil 600 en 2008 a 3 mil 100 en 2010.
El presidente Felipe Calderón ordenó el emplazamiento de miles de soldados para enfrentar a los cárteles y envió luego a la Policía Federal para que patrullara las calles.
Sin embargo, los ladrones entraron a la casa de Echevarría en dos ocasiones. Uno de sus tíos fue agredido por un grupo de sujetos que trataron de robarle el automóvil.
Luego llegó la extorsión. La profesora de Valeria dijo a los Echevarría que una pandilla había exigido que la escuela pagara una cuota semanal o sería atacada.
Era difícil siquiera conciliar el sueño, relató Echevarría.
A comienzos de 2010, surgieron versiones de que el Gobierno de Veracruz ofrecía evacuar a los refugiados y ayudarles a establecerse de nuevo en el estado de la costa del Golfo de México.
Valeria había dejado de hablar después del trauma que sufrió en el tiroteo. Pasaba el tiempo dibujando cadáveres en fosas comunes, tal como fueron descubiertos en su barrio de Juárez, pero pareció mejorar después de que ingresó a la escuela.
La administración del entonces gobernador Fidel Herrera prometió también transferir el título de propiedad de la casa de los Echevarría en Juárez, para que adquirieran una vivienda subsidiada en Veracruz.
Eso jamás ocurrió. Los teléfonos de las oficinas creadas para ayudar a los residentes que volvían dejaron de funcionar.
El nuevo gobernador, Javier Duarte, asumió en diciembre. Su vocera Gina Domínguez dijo que ahora, la “agenda social de este gobierno va encaminada por otro lado”.
“Es un programa, así como se planteó en papel, ideal”, reconoció Domínguez. “Pero obviamente su ejecución no era tan sencilla porque, bueno, finalmente tú tienes que generar condiciones para todos”.
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