Distrito Federal.- La tortura es el método al que cada vez más han recurrido las fuerzas oficiales de seguridad en los dos últimos sexenios, no sólo en el contexto de la “guerra” contra el crimen organizado, sino como herramienta para intimidar a los movimientos sociales, según un informe presentado por el colectivo francés Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT).
El documento titulado “En nombre de la guerra contra la delincuencia”, que contra de 70 páginas, elaborado junto con diversas organizaciones mexicanas de derechos humanos, fue presentado un mes antes de que el gobierno del país sea evaluado por el Comité de Naciones Unidas contra dicha práctica.
Javier Enríquez, coordinador general del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, indicó que el reporte alerta sobre el aumento de este fenómeno, con base en estadísticas de diversos organismos oficiales.
Destacó que en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, han aumentado constantemente las recomendaciones presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre casos de tortura:
En 2006 se presentaron 330 recomendaciones, en 2007 fueron 395; en 2008 987; en tanto que en 2009 fueron mil 105 y en 2010 mil 161.
No obstante, sólo representarían 10% de las cifras reales, pues la gran mayoría de las víctimas de dicho crimen nunca lo denuncian por temor a represalias, indicó el estudio de ACAT.
Abundó que se produce sobre todo contra hombres jóvenes de estratos sociales bajos, a quienes de antemano se considera sospechosos de pertenecer a grupos criminales, y contra miembros de organizaciones sociales.
Ante este panorama, el colectivo francés pidió al gobierno mexicano eliminar de inmediato la figura legal del arraigo; armonizar su concepto de “delincuencia organizada” según los estándares internacionales; obligar a los agentes a presentar de inmediato a los sospechosos ante el Ministerio Público y darle valor documental a los exámenes del Protocolo de Estambul, mecanismo reconocido para identificar los rastros de tortura.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que el gobierno del país ha adoptado una definición muy acotada de tortura.
Los colectivos sociales advirtieron que con el anuncio del equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de que las fuerzas armadas permanecerán en las calles haciendo tareas de seguridad pública, podría sentar las bases de nuevas violaciones a los derechos humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario