Distrito Federal.- La Procuraduría General de la República (PGR) obligó a más de 600 trabajadores de la Dirección General de Servicios Aéreos de la institución a rendir su declaración por actos de corrupción y de robo de partes de aeronaves, lo que provocó que se pusiera en peligro la vida de la titular de esa dependencia Marisela Morales y de otros funcionarios.
En un operativo iniciado por órdenes de la procuradora general de la Republica, y en donde participaron alrededor de 230 ministerios públicos, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos, se obligó al personal a que rindiera su declaración en la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/3415/2012.
De acuerdo con funcionarios de la dependencia, se citó a todos los trabajadores sindicalizados y de confianza de las ocho bases aéreas en los hangares de Guadalajara, Morelos, y Ciudad de México para que realizaran sus declaraciones ministeriales en torno a diversos actos de corrupción que se perpetraron en esa dirección, por robo de piezas de aeronaves, tanto nuevas como usadas, por negligencia en el mantenimiento y reparación, así como de la contratación de presuntas empresas “fantasma” que otorgaban diversos servicios cobrando grandes cantidades de dinero, sin que existiera ningún domicilio fiscal.
Funcionarios de la PGR precisaron que derivado de esas anomalías, las aeronaves eran totalmente inseguras, a extremos de que la procuradora Marisela Morales, recientemente en un viaje a Chile, en los primeros días de agosto del presente año, con motivo de la reunión hemisférica contra la delincuencia organizada, tuvo que aterrizar en Quito, Ecuador, debido a que el parabrisas del avión podía romperse en cualquier momento por falta de mantenimiento, cn lo que se puso en riesgo la vida de la procuradora y de la comitiva que la acompañaba.
Este incidente fue avisado por la compañía JDA Aviation Technology Solutions, empresa que fue contratada para realizar una auditoría a la Dirección de Servicios Aéreos de la PGR.
El inicio de la indagatoria se derivó del resultado de una auditoría ordenada por la procuradora Marisela Morales a la Dirección General de Servicios Aéreos, que determinaba que entre las anomalías encontradas se detectó que los funcionarios de esa área se robaban las refacciones nuevas que adquirían con el presupuesto de la PGR, y contrataban a empresas que también pagaban con dinero de la misma institución, para venderlas a otras compañías.
La red de corrupción de altos funcionarios, que ya fueron cesados de diversas áreas, también incluía la compra de refacciones en empresas fantasma, que además resultaban inservibles por que se adquirían para modelos distintos a la flota aérea de la institución.
Quitan piezas
Otra de las situaciones detectadas es el llamado canibalismo, en el que personal de esa Dirección quitaba piezas a aeronaves para sustituirlas por otras que se descomponían, aunque no fueran del modelo, ni para el rendimiento de ese vehículo, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros.
Inicio de investigación
Desde el pasado mes de septiembre, la titular de la PGR ordenó una investigación a fondo, en donde se incluyen funcionarios a cargo de áreas como la Dirección de Administración y Finanzas; la Subdirección de Recursos Materiales; la Subdirección de Seguridad Aérea; la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, Dirección General Adjunta de Operaciones Aéreas; la Dirección de Capacitación Técnica; la Subdirección Regional de la Base Aérea de Acapulco, la Subdirección Regional de la Base Aérea de Cuernavaca .
La Dirección de Servicios Aéreos de la PGR ha sido investigada desde el pasado sexenio por la denuncia de actos de corrupción; sin embargo, no se habían tomado acciones legales al respecto.
Esa área, considerada como estratégica por estar encargada de darle mantenimiento a 180 aeronaves, gozaba de un gran presupuesto para proporcionarle constante mantenimiento a la flota aérea que se dedicaba al traslado de reos, fumigación de cultivos ilícitos, traslado de agentes y personal de la dependencia entre otras funciones.
Expedientes
La Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR es una de las más vigiladas y en dónde se han encontrado diversas irregularidades:
Revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2011 arrojaron que la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) tenía graves problemas contables en inventarios y registros de las aeronaves.
Las auditorías expusieron que de las 94 aeronaves que comprendía la flota aérea de la PGR, 59 no estaban registradas en los inventarios. De las 35 que sí estaban inventariadas, sólo 25 contaban con la documentación que acredita que son propiedad de la PGR, como la factura o los oficios de donación emitidos por la Embajada de Estados Unidos, en el caso de las donaciones.
Las 10 aeronaves de las cuales la PGR no tenía documentación que acreditara su propiedad representaban un patrimonio de 87 millones de pesos.
El documentó arrojó que de las 59 aeronaves que la PGR no tenía inventariadas, una de ellas fue asegurada a la delincuencia organizada y transferida a la Procuraduría desde julio de 2008, pero los funcionarios nunca la registraron en su contabilidad ni la incorporaron a los inventarios, aunque sí a los vuelos oficiales.
Otras 28 las donó la Embajada de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2009, pero tampoco fueron registradas. Más que una formalidad, la falta de registro de las aeronaves incumple el acuerdo que obligaría a México a devolverlas “cuando ya no se necesiten para los bienes que fueron proporcionadas”.
Diecinueve aeronaves que operaba la PGR en 2011 sobrevolaban cielo mexicano y ejecutaban operativos en territorio nacional con matrículas de Estados Unidos. La razón es que la Procuraduría no presentó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la documentación para que el Registro Aeronáutico Mexicano le emita matrículas nacionales: títulos de posesión requisitados, pedimentos de importación y pagos de tenencia de una flota valuada en 204 millones 915 mil 600 pesos.
El reporte afirma que en 2011 no se había dado de baja ni del inventario ni de los registros contables el helicóptero Bell 206 B-3, matrícula XC-KAF, que se desplomó el 30 de marzo de 2009 en el cerro Cruz Matías, al sureste de San Luis Río Colorado. La aeronave, que costó 2 millones 811 mil pesos y que estaba al servicio de la Base de Intercepción Aérea en Puerto Peñasco, se declaró como pérdida total; fue pagada por la aseguradora, pero la operación tampoco se registró contablemente.
Los auditores adscritos a la ASF también encontraron un desorden administrativo en la comprobación del uso de combustible –gasavión y turbosina– y los fletes aéreos.
El pasado 8 de septiembre se dio a conocer que el 40 por ciento de los funcionarios de alto nivel de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, fueron cesados en el transcurso de agosto, y en algunos casos sus nombres habían sido incluidos en la lista de personas que deberán comparecer ante autoridades federales para declarar por actos de corrupción e ineficiencia relacionados con la flota aérea de la institución.
Para tal efecto se abrió la averiguación previa PGR/UEIDCSPC AJ/SP/3415/2012 por delitos cometidos por servidores públicos.
Estos hechos se derivan de una auditoría realizada por la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solutions.
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