Nuevo León.- Por consignar mal el expediente, la PGR falló en su intento de conseguir las aprehensiones de tres ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación y tres apoderados de casas de juego, incluido Arturo Rojas Cardona, hermano de Juan José Rojas Cardona, el llamado "Zar de los Casinos".
La Procuraduría solicitó las detenciones a partir de una denuncia de la Segob, que vinculó a sus ex empleados con la expedición indebida de permisos a las empresas de los casineros, de los cuales por lo menos uno era utilizado por el Casino Royale de Monterrey.
La denuncia de Gobernación se desprende de una revisión que hizo a los permisos que otorgó y que inició a raíz de la masacre de 52 inocentes en el Royale, el pasado 25 de agosto.
De acuerdo con fuentes oficiales, el Juez 18 de Distrito en el Reclusorio Norte capitalino, Fernando Córdova del Valle, negó a la PGR librar las seis órdenes de aprehensión solicitadas en la causa penal 21/2012, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El juzgador estableció que, cuando una conducta ilícita está prevista en más de una norma, el Ministerio Público debe consignar una indagatoria con base en una ley especial, por encima de una ley general, algo que no sucedió con este asunto.
La conducta imputada a los seis acusados está prevista tanto en el Código Penal Federal como en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y la PGR optó por el primero, cuando en teoría debió considerar la segunda norma.
Además, si bien los ex funcionarios fueron imputados de firmar los criterios de excepción con los que el Casino Royale justificó su operación, el juez estimó que no todo estaba debidamente documentado, pues el expediente hasta carecía de algunos folios originales.
Córdova rechazó las capturas de Roberto Correa Méndez y Guadalupe López Mares, ex directores Generales de Juegos y Sorteos, así como la de Manuel Ignacio Fierro Evans, ex titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de la Segob.
También negó las aprehensiones de Luis Antonio Sánchez Valdés, apoderado de Ferrocarril Endige; José Luis Medina Caudillo, del Club Ejecutivo Regiomontano, y Arturo Rojas Cardona, de Entretenimiento de México.
En septiembre pasado, la Segob denunció ante la PGR que entre el 2005 y el 2008 los ex funcionarios emitieron criterios de excepción regulatoria para que el Casino Royale operara como centro de habilidad y destreza, y no como casa de apuesta con supervisión federal.
En el expediente, Gobernación señaló a la empresa de Rojas Cardona como responsable de la tramitación y modificación supuestamente indebida a su licencia de permisionario para operar juegos y sorteos.
La denuncia original señaló que del 2007 al 2011 el Royale funcionó ilegalmente bajo el amparo de los permisionarios Atracciones y Emociones Vallarta, Entertainment Enterprises of Mexico, Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, y Ferrocarril Endige.
Tanto la empresa de Rojas Cardona como Atracciones se han deslindado del Royale y aseguran que sus permisos no eran utilizados por ese casino.
A pesar de este fallo, la PGR tiene la oportunidad de subsanar las inconsistencias y volver a consignar el expediente.
La PGR ya apeló la negativa de captura y ésta fue radicada en un Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que tendrá la última palabra respecto a si procede o no la solicitud de aprehensiones por este delito que no es grave y que es penado con seis meses a 12 años de prisión.
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