Distrito Federal.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, Guillermo Anaya, afirmó que el oficial mayor de la Procuraduría General de la República (PGR), Antonio Naime Libién, deberá informar sobre la calidad de los controles de confianza aplicados al personal de la institución.
Al fijar postura sobre el caso de corrupción que habría en el mantenimiento de los aviones de la PGR, el diputado federal del PAN consideró que lo ocurrido representa “un caso inaudito”, de suma gravedad porque, de comprobarse la denuncia, los empleados habrían puesto en riesgo la vida de personas dedicadas a la procuración de la justicia.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro adelantó que tomarán en sus manos el caso para darle seguimiento, a fin de verificar si los implicados fueron sometidos a los controles de confianza en la Procuraduría.
“Lo que debemos preguntar es la opinión del oficial mayor de la PGR si estas personas que están siendo investigadas ya pasaron la prueba de confiaza, del polígrafo y todas las evaluaciones correspondientes”, expuso Anaya.
“Es sumamente grave lo que está ocurriendo en la Procuraduría y nos muestra la importancia que tiene en las instituciones de procuración de justicia el tema de las pruebas de confianza”, planteó el diputado blanquiazul.
Guillermo Anaya expuso que la Oficialía Mayor de la PGR deberá demostrar en qué grado se aplicaron esas pruebas tanto en la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR como en la Dirección General de Mantenimiento y Servicio.
“Nuestra comisión en la Cámara tendrá entre sus tareas la de impulsar este proceso de garantizar que en las instituciones vinculadas a la seguridad y la procuración de justicia los funcionarios federales, estatales y municipales se sometan a esas pruebas y estas pruebas sean a su vez confiables”, informó.
Calificó como inaudito que personal de la misma PGR hubiera puesto en peligro la vida de funcionarios, al incurrir en prácticas de corrupción que desvirtuaron las tareas de mantenimiento.
“Vamos a darle seguimiento al caso en nuestra comisión y lo haremos de manera puntual para cerciorarnos si estos elementos habían pasado por las pruebas de confianza. Y si las habían aprobado, entonces analizar quiénes o cómo se están aplicando. O si ni siquiera fueron sometidos a los controles requeridos”, sugirió.
Anaya recordó que la PGR fue una de las primeras instituciones federales que se habrían sometido a los también denominados procesos de depuración.
“A mí me interesa mucho conocer la opinión del oficial mayor. Es un tema inaudito que no debemos pasar por alto ni perder de vista ningún detalle”, comentó.
“Vamos a solicitar la información de esta situación, y en la Cámara vamos a estar exigiendo que haya una transparencia total en estas investigaciones.”
A principios de mes, la titular de PGR, Marisela Morales, indicó que la dependencia ha certificado a 78% de funcionarios y prevé lograr el total al término de la administración en cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Atención de Control de Confianza.
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