Distrito Federal.- El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Humberto López Portillo, exigió una explicación sobre el control en la administración de las aduanas luego de conocerse el operativo “Rápido y Furioso”.
Al respecto, señaló que Ernesto Cordero como titular que fue de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es responsable de la Administración General de Aduanas, donde, dijo, se permite la introducción de armamento a territorio nacional.
Por lo anterior, y a nombre de la bancada del PRI en San Lázaro propuso condicionar el registro como precandidato y eventual candidato del PAN a la Presidencia de la República, Ernesto Cordero, mientras no aclare su responsabilidad en el operativo “Rápido y Furioso”.
Estos hechos, insistió, sin duda lo implican como el primer responsable de permitir la introducción de armamento a nuestro país.
Sobre el mismo tema, el legislador jalisciense demandó que el actual embajador mexicano ante Reino Unido y ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, sea destituido si se comprueba que en este caso también incurrió en conductas ilícitas.
En un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, se pronunció porque la Cámara de Senadores llame a comparecer, y en su caso solicitar la destitución del embajador Medina Mora quien se desempeñó como responsable de la PGR en el periodo de 2006 a 2009.
Jorge Humberto López Portillo aseveró que Medina Mora debe explicar quién facultó la introducción de las armas de manera ilegal a México y responder por las imputaciones que ha hecho el gobierno estadunidense.
Tras calificar el tema como un asunto de seguridad nacional, indicó que una vez que se conozcan las respuestas e incluso las pruebas, se deberá considerar si incurrió en conductas delictivas punibles para solicitar su destitución del cargo de embajador.
Expuso que si uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudadanía es la deficiente procuración e impartición de justicia, al darse la corrupción o el tráfico de influencias, internacionalmente nuestra soberanía es vituperada.
No podemos permitir que otro país indebidamente tome decisiones e introduzca armas de manera ilegal, lo que viola de forma evidente los derechos fundamentales de manera irreparable, y este es un hecho sumamente grave, subrayó.
Resaltó que es inminente que un tema tan importante de seguridad nacional, que viola la soberanía del país, no debe pasar por alto y mucho menos permitir que servidores públicos se excusen de no presentarse ante el Congreso para responder por las imputaciones que les hace el gobierno de Estados Unidos.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que hasta el momento no se ha esclarecido la operación fraguada en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Esa aclaración, destacó, con respecto al tráfico de armas que permitieron autoridades estadunidenses hacia nuestro país en flagrante violación tanto a la soberanía nacional como al Derecho internacional en el operativo denominado “Rápido y Furioso”.
Recalcó que no hay informes por la parte de la PGR respecto de la operación “Rápido y Furioso”.
Si acaso existe alguna averiguación previa es sólo para decir que las autoridades del gobierno federal no tenían conocimiento del operativo aplicado por Estados Unidos a través la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), resaltó.
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